Jean Alain Rodríguez y otros nueve imputados piden extinguir el caso Medusa

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros nueve imputados en el caso Medusa solicitaron la extinción de la acción penal, bajo el argumento de que el proceso habría superado el plazo máximo de cuatro años establecido por la legislación.

La solicitud fue presentada ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que esa jurisdicción rechazara previamente un pedimento similar formulado por Rodríguez y otros dos imputados.

Las defensas sostienen que el proceso acumula seis años y que las principales dilaciones registradas durante su desarrollo no son atribuibles a los acusados.

Las defensas fundamentan su petición en el artículo 148 de la Ley 76-02, que establece un plazo máximo de cuatro años, y citan decisiones del Tribunal Constitucional para argumentar que el concepto de plazo razonable debe corresponder con ese límite establecido legalmente.

La investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y, según las defensas, durante el proceso se produjeron retrasos que atribuyen al Ministerio Público, entre ellos la entrega de un disco duro defectuoso que contenía miles de pruebas, la lectura de una acusación de más de 12,000 páginas y la entrega tardía de documentos requeridos por los tribunales.

Las defensas calculan que esas situaciones habrían generado alrededor de cuatro años de dilaciones y advierten que, debido al volumen del expediente, mantener el proceso abierto podría extenderlo hasta seis años adicionales, considerando las etapas de juicio de fondo, apelación y casación.

Las demás defensas continuarán exponiendo sus argumentos sobre la solicitud de extinción de la acción penal el próximo lunes 31 de agosto.

El caso Medusa involucra a Rodríguez y a otros imputados por presuntas irregularidades cometidas durante el período 2016-2020 en la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público acusa a los encartados de diversos delitos de corrupción y de un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones, imputaciones que forman parte de la acusación y que deberán ser determinadas o descartadas por los tribunales mediante el proceso judicial correspondiente.