Santo Domingo, D.N. – En un operativo coordinado por la Mesa de Ilícitos, que encabeza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), fue desmantelada una red dedicada al almacenamiento y comercialización ilegal de fármacos e insumos de salud, a la cual se le decomisaron unas 2,200 cajas, conteniendo la cantidad de 46,957,123 unidades.

La mercancía incautada con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Central de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional (DINTEL), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), tiene un valor estimado en el mercado de RD$531,993,450.00.

Entre los productos incautados se encuentran fármacos vencidos, falsificados, adulterados y sin registro sanitario, además de insumos médicos como guantes, mascarillas, batas, jeringas y fajas, los cuales fueron confiscados durante operativos de inteligencia, seguimiento y vigilancia realizados en los sectores Los Tres Ojos y Los Frailes II, en el municipio de Santo Domingo Este.

La red criminal utilizada una vivienda de dos niveles ubicada en el sector Los Tres Ojos para almacenar ilegalmente los fármacos e insumos.

Para el traslado del inmenso decomiso hacia la sede central del CECCOM se utilizaron dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas.

Las mercancías eran comercializadas bajo condiciones de contrabando, lo que representaba una amenaza de alta gravedad para la salud pública de la ciudadanía, así como una evasión fiscal en perjuicio del Estado dominicano.

Estas acciones constituyen violaciones flagrantes a la Ley No. 42-01 (General de Salud) y a la Ley No. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

En el marco de las disposiciones contenidas en la en la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, se estableció la Mesa de Ilícito, coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, como un esfuerzo coordinado para combatir y erradicar prácticas de contrabando, adulteración y falsificación de productos, lesivas tanto para los consumidores como para el sector comercial e industrias contribuyentes.

Con el Decreto núm. 405-22 emitido por el Poder Ejecutivo, se creó posterior el Consejo Público- Privado de Combate al Comercio Ilícito para una articulación estratégica de las diversas entidades.

Especialistas reunidos en un congreso constitucional propusieron fortalecer la prevención, la investigación y la inteligencia institucional.

Santo Domingo.– Juristas nacionales e internacionales advirtieron que aumentar las penas, ampliar el uso de la prisión preventiva y aplicar políticas de “mano dura” no garantiza una reducción sostenida de la delincuencia. El planteamiento fue presentado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional.

Los especialistas sostuvieron que la prevención, la inteligencia criminal y la capacidad para investigar expedientes complejos deben ocupar un lugar central en la política de seguridad. También alertaron que las respuestas basadas principalmente en el encarcelamiento pueden debilitar garantías fundamentales sin resolver las causas del delito.

El jurista dominicano Francisco Álvarez vinculó el uso excesivo de la prisión preventiva con las limitaciones de las instituciones para localizar a imputados y dar continuidad a los procesos. A su juicio, cada componente del sistema termina recurriendo a medidas extremas cuando falta coordinación y capacidad operativa.

El argentino Alberto Binder llamó a planificar una persecución penal estratégica frente a organizaciones criminales que también emplean inteligencia y recursos. El catedrático español Manuel Cancio Meliá añadió que elevar una condena, por sí solo, no transforma las condiciones que permiten el crecimiento del crimen organizado.

Los participantes coincidieron en que la reforma penal debe acompañarse de investigaciones sólidas, mejor coordinación entre Policía, Ministerio Público y tribunales, y políticas sociales de prevención. El debate también incluyó críticas al abuso de la prisión preventiva y a la presentación de soluciones inmediatas para problemas de seguridad de naturaleza compleja.

Kevin Dariel Germán Troncoso acudió de madrugada a un destacamento de Los Mina; la Policía y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación.

Santo Domingo.– Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años y conocido como “Kevin” o “Yandel”, se entregó la madrugada de este miércoles a las autoridades luego de ser identificado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro.

El joven acudió al destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y de un comunicador. Su entrega se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada, pocas horas después de que la institución informara que existía una orden de arresto en su contra y le pidiera presentarse.

La investigación está relacionada con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista, y con las heridas sufridas por Julián Oro Duro. La versión preliminar de las autoridades indica que dos personas estuvieron en la vivienda, ubicada en Brisa Oriental VI, entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que la Dirección Central de Investigación había colocado al entregado entre las personas buscadas por el caso. Durante su presentación, el joven pidió que los hechos fueran aclarados, mientras un representante de la institución señaló que los detalles formales serían ofrecidos por la Policía.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a todos los participantes y establecer responsabilidades individuales. La entrega y los señalamientos de los investigadores no constituyen una condena, por lo que la culpabilidad deberá ser determinada por los tribunales.