Especialistas reunidos en un congreso constitucional propusieron fortalecer la prevención, la investigación y la inteligencia institucional.

Santo Domingo.– Juristas nacionales e internacionales advirtieron que aumentar las penas, ampliar el uso de la prisión preventiva y aplicar políticas de “mano dura” no garantiza una reducción sostenida de la delincuencia. El planteamiento fue presentado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional.

Los especialistas sostuvieron que la prevención, la inteligencia criminal y la capacidad para investigar expedientes complejos deben ocupar un lugar central en la política de seguridad. También alertaron que las respuestas basadas principalmente en el encarcelamiento pueden debilitar garantías fundamentales sin resolver las causas del delito.

El jurista dominicano Francisco Álvarez vinculó el uso excesivo de la prisión preventiva con las limitaciones de las instituciones para localizar a imputados y dar continuidad a los procesos. A su juicio, cada componente del sistema termina recurriendo a medidas extremas cuando falta coordinación y capacidad operativa.

El argentino Alberto Binder llamó a planificar una persecución penal estratégica frente a organizaciones criminales que también emplean inteligencia y recursos. El catedrático español Manuel Cancio Meliá añadió que elevar una condena, por sí solo, no transforma las condiciones que permiten el crecimiento del crimen organizado.

Los participantes coincidieron en que la reforma penal debe acompañarse de investigaciones sólidas, mejor coordinación entre Policía, Ministerio Público y tribunales, y políticas sociales de prevención. El debate también incluyó críticas al abuso de la prisión preventiva y a la presentación de soluciones inmediatas para problemas de seguridad de naturaleza compleja.

Kevin Dariel Germán Troncoso acudió de madrugada a un destacamento de Los Mina; la Policía y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación.

Santo Domingo.– Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años y conocido como “Kevin” o “Yandel”, se entregó la madrugada de este miércoles a las autoridades luego de ser identificado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro.

El joven acudió al destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y de un comunicador. Su entrega se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada, pocas horas después de que la institución informara que existía una orden de arresto en su contra y le pidiera presentarse.

La investigación está relacionada con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista, y con las heridas sufridas por Julián Oro Duro. La versión preliminar de las autoridades indica que dos personas estuvieron en la vivienda, ubicada en Brisa Oriental VI, entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que la Dirección Central de Investigación había colocado al entregado entre las personas buscadas por el caso. Durante su presentación, el joven pidió que los hechos fueran aclarados, mientras un representante de la institución señaló que los detalles formales serían ofrecidos por la Policía.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a todos los participantes y establecer responsabilidades individuales. La entrega y los señalamientos de los investigadores no constituyen una condena, por lo que la culpabilidad deberá ser determinada por los tribunales.

El senador defendió en Madrid un Estado funcional que preserve la estabilidad y facilite el emprendimiento.

Madrid.- El senador Omar Fernández propuso concentrar la gestión pública en un Estado más eficiente, funcional y orientado a resultados medibles.

Durante su participación en Patriots Network Madrid 2026, sostuvo que la administración debe preservar la estabilidad y reducir obstáculos que afectan la inversión y el emprendimiento.

Fernández vinculó esa visión con la creación de empleos y la necesidad de que los servicios públicos respondan con mayor rapidez a ciudadanos y empresas.

El planteamiento fue presentado como una posición política general y no estuvo acompañado de un proyecto legislativo específico, presupuesto o calendario de aplicación.

La discusión sobre eficiencia estatal incluye temas como simplificación de trámites, interoperabilidad digital, evaluación del gasto y rendición de cuentas.