El director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, instó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cumplir con los plazos establecidos por la Ley 87-01 para el pago de honorarios a médicos y prestadores de servicios de salud.

Según Báez, el artículo 171 de la referida ley dispone que las ARS deben efectuar los pagos en un plazo máximo de 10 días. Sin embargo, señaló que en algunos casos este tiempo no se respeta, lo que genera consecuencias negativas tanto para los profesionales de la salud como para los afiliados.

“Es inaceptable que algunas ARS continúen incumpliendo con sus obligaciones de pago. Esto afecta no solo a los médicos y prestadores de servicios, sino también la calidad de la atención que reciben los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social”, expresó el funcionario en un comunicado.

El director de la DIDA también llamó a médicos y clínicas privadas a evitar trasladar los costos de estos incumplimientos a los pacientes, a través de cobros adicionales o prácticas indebidas. Recordó que la Ley 87-01 contempla sanciones tanto para las ARS que incurran en retrasos como para quienes adopten medidas abusivas contra los usuarios.

“La DIDA reafirma su compromiso de velar por los derechos de los afiliados y garantizar la transparencia en el sistema de seguridad social. Es fundamental que todos los actores involucrados actúen en estricto cumplimiento de la normativa”, enfatizó Báez.

La DIDA es la entidad encargada de informar, orientar y defender a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, asegurando el respeto a sus derechos en áreas como salud, pensiones y otros beneficios estipulados en la Ley 87-01.

El presidente Luis Abinader habló este lunes sobre el asesinato de una mujer y su madre a manos de un segundo teniente policial, y sostuvo que con la reforma policial se busca seleccionar personas mejor capacitados psicológicamente.

Durante el espacio LA Semanal, celebrado desde el Palacio Nacional, el mandatario calificó el hecho como una “verdadera tragedia” y, agregó que “son tareas que es difícil planificar, pero si estamos haciendo todo lo posible”.

“En el año que esa persona entró a la Policía los exámenes eran tres meses, no habían los exámenes que la reforma (policial) ha incorporado”, apuntó el feje del Estado.

Abinader indicó que con la reforma policial, las personas tienen que tomar un periodo de seis meses de clases y tres meses de entrenamiento, lo que considera que ayudará a elegir un personal psicológicamente adecuado.

“Eso yo pienso que va a ayudar a seleccionar personas psicológicamente más apropiadas en la Policía”, dijo Abinader.

El pasado sábado el segundo teniente de la Policía mató a su pareja y a su suegra, e hirió a un hombre en La Vega. Las víctimas fueron identificadas como Mailyn Arianny Martes, de 26 años y su madre Marisela Rodríguez Martes, de 51 años.

El agresor fue indentificado como Juan Luis Jiménez Adames, de 41 años, a quien el cuerpo del orden busca de manera activa para que responda por los hechos que se le imputan.

La Policía científica informó que recolectó evidencias en la escena del crimen, incluyendo casquillos calibre 9mm y dispositivos electrónicos. Además, se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad para determinar los detalles del suceso.

Arianny Marte y su madre, Marisela Rodríguez Marte, fueron sepultadas este lunes en el cementerio municipal Las Lagunas, en La Vega. Mientras, los familiares de las víctimas dicen sentir temor ante posibles represalias del agresor.

POR: Audry Trinidad

Participación Ciudadana presenta este tercer informe del observatorio sobre la suerte de los casos de corrupción que se conocen en los tribunales dominicanos, cuyo objetivo es monitorear estos casos hasta que se produzcan las sentencias definitivas. Como organización dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, el propósito de estos informes es medir la eficiencia con que opera el sistema de justicia en esta materia, mantener informada a la opinión pública y crear conciencia ciudadana en la lucha contra la impunidad de los delitos de corrupción.

Entendemos que, los expedientes de corrupción administrativa no deben subsumirse en estadísticas generales de mora judicial, por el contrario, debe dársele seguimiento especial, ya que se trata de los casos más complejos, con más acusados, con redes complejas de involucrados con poder para lograr y encubrir sus propósitos y porque presentan montos jamás vistos en la historia de la justicia dominicana. Por tanto, estos casos son de interés general de la sociedad, porque se trata de recursos públicos, porque son responsables de la pobreza de la población y del Estado y porque la corrupción es un delito presente en toda la historia del país que es imperativo erradicar.

Este tercer informe recoge las incidencias en el desarrollo de estos casos en los últimos meses del año 2024, y profundiza en el análisis de los riesgos de que en los mismos se pueda declarar extinguida la acción pública, por la llegada del tiempo máximo de duración del proceso sin sentencia al fondo.

Como se desprende de la información que exponemos a continuación, todos los casos de corrupción administrativa en la justicia avanzan muy lentamente, algunos ya pasaron o en este año cumplen 4 años, sin que se haya logrado una sola sentencia en primera instancia. Esto nos lleva a afirmar que la mora judicial, en temas de corrupción administrativa, sigue siendo extremadamente alta.