A un año de que el presidente Luis Abinader anunciara las 15 medidas migratorias, el observatorio creado para dar seguimiento a su implementación presentó ayer un informe en el que destaca un alto nivel de cumplimiento en la mayoría de las acciones ejecutadas. No obstante, el organismo recomendó al Poder Ejecutivo actualizar las metas y ampliar las estrategias en nuevas dimensiones para fortalecer la respuesta del Estado ante los desafíos migratorios actuales.

Durante la presentación del informe, el presidente del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), Miguel Franjul, explicó que muchas de las medidas ya han sido alcanzadas o forman parte de procesos de ejecución permanente, por lo que consideró necesaria una revisión continua que permita adaptar las políticas a la dinámica de la realidad migratoria.

“Las metas y objetivos del decreto 206-25, o bien han sido logradas, o son de ejecución permanente, evidenciando mes tras mes su cumplimiento. Las medidas dispuestas por el presidente presentan niveles de ejecución aceptables y notables, por lo que resulta oportuno evaluar nuevas acciones migratorias que fortalezcan la capacidad de respuesta del Estado”, expresó Franjul.

Recomendaciones del observatorio

El informe, correspondiente al tercer boletín de verificación de cumplimiento de las 15 medidas migratorias, incluye recomendaciones relacionadas con el control fronterizo, el control migratorio, la dominicanización de la mano de obra y el respeto a los derechos humanos.

En materia de control fronterizo, el observatorio señaló que las primeras tres medidas vinculadas a la seguridad nacional muestran altos niveles de cumplimiento y efectividad. Sin embargo, sugirió ampliar los sistemas de vigilancia, cámaras y monitoreo en puntos estratégicos utilizados como posibles rutas migratorias.

Respecto al control migratorio, el organismo indicó que las medidas continúan ejecutándose de manera satisfactoria, aunque advirtió sobre la reincidencia de extranjeros deportados o repatriados, situación que atribuyen a redes dedicadas al tráfico y trata de personas que facilitan el reingreso irregular al territorio nacional.

Destacan respeto a los derechos humanos

El observatorio también recomendó desarrollar campañas de orientación dirigidas a beneficiarios de programas sociales como Supérate, con el objetivo de promover su integración productiva en sectores como el agrícola.

En cuanto a los derechos humanos, los comisionados afirmaron que las instituciones responsables de ejecutar las medidas migratorias mantienen el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes extranjeros durante los procesos correspondientes.

La creciente violencia de género en la República Dominicana ha encendido las alarmas de especialistas en salud mental, organizaciones religiosas y representantes de los medios digitales, tras registrarse alrededor de 30 mujeres víctimas de muertes violentas en los meses transcurridos de este 2026.

Luego de varios años marcados por fluctuaciones estadísticas, el aumento en la frecuencia y la crueldad de estos hechos preocupa a distintos sectores de la sociedad, que coinciden en señalar la necesidad urgente de abordar el problema desde una perspectiva integral y estructural.

Expertos consideran que esta realidad responde a múltiples factores que incluyen el impacto de las redes sociales, la normalización de conductas violentas en entornos digitales y la ausencia histórica de políticas públicas enfocadas en la orientación familiar y la prevención.

Redes sociales y validación social

El psicólogo Luis Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres, afirmó que el país enfrenta un preocupante resurgimiento de la violencia de género, destacando que el feminicidio no responde a una sola causa, sino a la combinación de diversos elementos sociales y emocionales.

“En estos primeros meses del año hemos observado un incremento en la frecuencia, la intensidad y la forma desafiante en que están ocurriendo los casos”, expresó Vergés.

El especialista explicó que las plataformas digitales no generan violencia por sí mismas, pero sí pueden convertirse en un factor detonante cuando personas con conductas dependientes enfrentan procesos de separación o pérdida de control dentro de relaciones conflictivas.

La postura del sector religioso

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) considera que la situación actual refleja años de debilidad en las políticas de fortalecimiento familiar y de formación en valores. La entidad también señaló como desafíos persistentes el machismo cultural y la falta de orientación comunitaria efectiva.

De igual manera, el Movimiento Matrimonio Feliz expresó preocupación por el contenido que circula en plataformas digitales. Su presidente, César Curiel de Moya, sostuvo que muchos mensajes difundidos en redes sociales contribuyen a deshumanizar a la mujer y afectan negativamente la percepción de las relaciones entre los jóvenes.

Opinión de los medios de comunicación

Ante este panorama, la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), presidida por el periodista y abogado Kelvin Faña, hizo un llamado a los medios de comunicación y creadores de contenido a manejar estos casos con mayor responsabilidad y sensibilidad.

La entidad propuso la implementación de protocolos éticos para la cobertura digital de hechos violentos, evitando el sensacionalismo, la exposición de imágenes explícitas y cualquier narrativa que pueda revictimizar a las familias o justificar las acciones de los agresores.

Diversos sectores coinciden en que el aumento de estos casos representa un desafío nacional que requiere respuestas más profundas y coordinadas. Especialistas consideran que el país necesita fortalecer la educación emocional, la prevención comunitaria y las políticas públicas dirigidas a la protección de las familias y la promoción de una cultura de respeto y convivencia pacífica.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció este lunes una de las realidades más dolorosas que enfrenta la sociedad dominicana: las debilidades del sistema para prevenir los feminicidios y proteger a tiempo a las víctimas de violencia de género.

Tras concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, la funcionaria admitió que aún existen importantes retos en materia de prevención y respuesta institucional.

“Hemos fallado como sistema para dar respuesta en materia preventiva, para que muchas mujeres sean salvadas, puedan hacer las denuncias correspondientes y ser protegidas a tiempo”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de cifras preocupantes. Hasta el 17 de mayo de 2026, las autoridades habían registrado 30 feminicidios íntimos en el país, frente a los 22 casos reportados durante el mismo período de 2025, reflejando un aumento de un 36.4 %.

Raful señaló que, aunque el Gobierno ha impulsado iniciativas de protección, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de políticas públicas, todavía persisten fallas para identificar situaciones de riesgo y garantizar respuestas efectivas antes de que ocurran las tragedias.

Durante su intervención, la ministra habló también desde una perspectiva humana y personal, asegurando que cada caso de feminicidio deja una profunda herida en toda la sociedad.

“Cada feminicidio implica una tragedia nacional y social. Para mí, como madre y como mujer, tiene otro significado”, manifestó.

La funcionaria recordó además que, antes de asumir el Ministerio de Interior y Policía, mantuvo una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que considera que la violencia de género continúa siendo uno de los desafíos estructurales más complejos que enfrenta el país.

Asimismo, enfatizó que este problema no puede combatirse únicamente con operativos policiales o sanciones más severas, sino mediante una transformación cultural, educativa y social que permita erradicar las raíces de la violencia machista.