Especialistas reunidos en un congreso constitucional propusieron fortalecer la prevención, la investigación y la inteligencia institucional.

Santo Domingo.– Juristas nacionales e internacionales advirtieron que aumentar las penas, ampliar el uso de la prisión preventiva y aplicar políticas de “mano dura” no garantiza una reducción sostenida de la delincuencia. El planteamiento fue presentado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional.

Los especialistas sostuvieron que la prevención, la inteligencia criminal y la capacidad para investigar expedientes complejos deben ocupar un lugar central en la política de seguridad. También alertaron que las respuestas basadas principalmente en el encarcelamiento pueden debilitar garantías fundamentales sin resolver las causas del delito.

El jurista dominicano Francisco Álvarez vinculó el uso excesivo de la prisión preventiva con las limitaciones de las instituciones para localizar a imputados y dar continuidad a los procesos. A su juicio, cada componente del sistema termina recurriendo a medidas extremas cuando falta coordinación y capacidad operativa.

El argentino Alberto Binder llamó a planificar una persecución penal estratégica frente a organizaciones criminales que también emplean inteligencia y recursos. El catedrático español Manuel Cancio Meliá añadió que elevar una condena, por sí solo, no transforma las condiciones que permiten el crecimiento del crimen organizado.

Los participantes coincidieron en que la reforma penal debe acompañarse de investigaciones sólidas, mejor coordinación entre Policía, Ministerio Público y tribunales, y políticas sociales de prevención. El debate también incluyó críticas al abuso de la prisión preventiva y a la presentación de soluciones inmediatas para problemas de seguridad de naturaleza compleja.

Kevin Dariel Germán Troncoso acudió de madrugada a un destacamento de Los Mina; la Policía y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación.

Santo Domingo.– Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años y conocido como “Kevin” o “Yandel”, se entregó la madrugada de este miércoles a las autoridades luego de ser identificado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro.

El joven acudió al destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y de un comunicador. Su entrega se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada, pocas horas después de que la institución informara que existía una orden de arresto en su contra y le pidiera presentarse.

La investigación está relacionada con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista, y con las heridas sufridas por Julián Oro Duro. La versión preliminar de las autoridades indica que dos personas estuvieron en la vivienda, ubicada en Brisa Oriental VI, entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que la Dirección Central de Investigación había colocado al entregado entre las personas buscadas por el caso. Durante su presentación, el joven pidió que los hechos fueran aclarados, mientras un representante de la institución señaló que los detalles formales serían ofrecidos por la Policía.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a todos los participantes y establecer responsabilidades individuales. La entrega y los señalamientos de los investigadores no constituyen una condena, por lo que la culpabilidad deberá ser determinada por los tribunales.

El expediente describe 4,363 autorizaciones tramitadas con datos de pacientes reales y procedimientos que, según la acusación, nunca fueron realizados.

Santo Domingo.- El Ministerio Público atribuye a una presunta red vinculada con prestadores de salud la utilización de identidades de afiliados para tramitar servicios que no habrían sido realizados.

La solicitud de medida de coerción incluye a 25 personas, entre ellas 21 médicos, y calcula en RD$41.1 millones el perjuicio asociado con esta fase de la investigación.

De acuerdo con el expediente, se procesaron 4,363 autorizaciones entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 mediante datos de asegurados reales y firmas que la Fiscalía califica como falsas.

El órgano acusador sostiene que los procedimientos autorizados no fueron practicados a los afiliados. Esa versión deberá ser sometida a contradicción junto con los registros clínicos, financieros y tecnológicos.

PEPCA pidió 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La petición no constituye una decisión judicial y todas las personas imputadas conservan la presunción de inocencia.