Santo Domingo. El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, solicitó al Gobierno retirar todas las propuestas de aumento de impuestos incluidas en el denominado “Plan Anticrisis para la Sostenibilidad y la Protección de la Economía”, al considerar que se trata de una reforma fiscal encubierta orientada a incrementar la recaudación para cubrir el crecimiento del gasto corriente estatal.

Durante una nueva entrega de su espacio “La Voz del Pueblo”, Fernández sostuvo que las medidas tributarias planteadas por la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) carecen de justificación económica y resultan innecesarias frente al desempeño que, según afirmó, exhibe actualmente la economía dominicana.

El exmandatario argumentó que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la necesidad de nuevos ingresos fiscales y las informaciones ofrecidas por las propias autoridades económicas, las cuales han resaltado la fortaleza y resiliencia de la economía nacional frente a los desafíos internacionales.

Fernández recordó que el Banco Central ha informado sobre una mejoría en la actividad económica durante los primeros meses del año y destacó que, según datos oficiales, la economía dominicana registró un crecimiento acumulado de 4.0 % entre enero y abril de 2026.

Propone reformular el Presupuesto General del Estado

Como alternativa, el líder opositor planteó una reformulación del Presupuesto General del Estado para el año 2026, con el objetivo de reducir y reorientar partidas de gasto, priorizar inversiones estratégicas y disminuir la presión fiscal sobre los sectores productivos.

Asimismo, propuso el cumplimiento de la indexación total de los salarios contemplada en el Código Tributario, el restablecimiento de la deducción completa de los gastos educativos y la aprobación de iniciativas de flexibilización fiscal impulsadas por la Fuerza del Pueblo a través del senador Omar Fernández.

Estas propuestas buscan beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como al sector agropecuario y a los emprendedores, según explicó.

Atribuye dificultades fiscales al aumento del gasto público

Durante su intervención, Fernández afirmó que los desafíos fiscales actuales no responden a una insuficiencia de ingresos del Estado, sino al crecimiento sostenido del gasto público durante los últimos años.

Según sus estimaciones, entre 2020 y 2026 la actual administración ha manejado recursos por aproximadamente 8.6 billones de pesos, mientras que el gasto público habría aumentado un 87.5 %, porcentaje que, afirmó, supera significativamente el nivel de inflación acumulado en ese mismo período.

El dirigente político insistió en que antes de implementar nuevas cargas tributarias debe producirse una revisión profunda de la estructura del gasto gubernamental, con el propósito de garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos y reducir la necesidad de nuevas recaudaciones.

Fernández reiteró que cualquier discusión sobre reformas tributarias debe estar acompañada de medidas orientadas a racionalizar el gasto y estimular la producción nacional, protegiendo la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Santo Domingo. El Poder Ejecutivo sometió ante el Senado de la República dos importantes proyectos de ley dirigidos al fortalecimiento institucional del Estado y a la modernización del marco jurídico nacional. Las iniciativas contemplan la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG) y la modificación del artículo 1 del Código Civil dominicano.

La primera propuesta fue presentada por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, junto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Jorge A. Subero Isa. El proyecto plantea la creación de la DIGITEG como un órgano autónomo y descentralizado del Estado, que sustituirá a la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

La iniciativa tiene como propósito consolidar un modelo institucional más robusto para dirigir el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, fortaleciendo las políticas relacionadas con la ética gubernamental, la prevención de la corrupción, el acceso a la información pública, el gobierno abierto y la protección de los datos personales.

De acuerdo con sus promotores, la nueva estructura permitirá una gestión más eficiente y coordinada de las políticas de integridad pública, en consonancia con las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Actualización del Código Civil

En una segunda iniciativa, el presidente de la República, Luis Abinader, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sometió un proyecto de ley que modifica el artículo 1 del Código Civil dominicano.

La propuesta busca actualizar el marco normativo vigente para establecer un mismo plazo de entrada en vigor de las leyes tanto en el Distrito Nacional como en la provincia Santo Domingo. La medida responde a la realidad social y territorial de ambas demarcaciones, que mantienen una estrecha integración debido a la constante movilidad de sus habitantes y a la dinámica compartida de actividades económicas, laborales y administrativas.

Según se explica en el proyecto, la modificación contribuiría a una aplicación más uniforme y coherente de las disposiciones legales en ambas jurisdicciones.

Inician proceso legislativo

Las iniciativas fueron recibidas por el Congreso Nacional a través de los presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

A partir de ahora, ambos proyectos serán conocidos por las comisiones correspondientes y agotarán el proceso legislativo establecido antes de una eventual aprobación y promulgación.

Con estas propuestas, el Poder Ejecutivo procura avanzar en el fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y la adecuación del ordenamiento jurídico a las necesidades actuales de la sociedad dominicana.

Santo Domingo. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem) manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno de incluir la exoneración del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) al asfalto AC-30 dentro del paquete de Medidas Pro Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional.

La entidad considera que la disposición establece un tratamiento fiscal diferenciado para un material de construcción sin contemplar incentivos similares para otros insumos estratégicos, como el cemento y el concreto, ampliamente utilizados en proyectos de infraestructura y construcción en todo el país.

Adocem valoró los esfuerzos de las autoridades para dinamizar la economía, acelerar la inversión pública y promover la ejecución de obras de infraestructura. Sin embargo, advirtió que la aplicación de incentivos fiscales exclusivos para un material específico podría generar desequilibrios en el mercado de la construcción.

Según la asociación, tanto el asfalto como el concreto compiten en distintos segmentos de proyectos viales y de infraestructura, por lo que una ventaja tributaria otorgada únicamente a uno de ellos podría influir en las decisiones de contratación, diseño y ejecución de obras.

“El asfalto y el concreto son materiales que compiten en diversos segmentos del mercado, por lo que un tratamiento fiscal diferenciado puede generar distorsiones en la toma de decisiones”, expresó Julissa Báez, representante de la organización.

La entidad reiteró la importancia de promover políticas que garanticen condiciones equitativas para todos los sectores productivos vinculados a la construcción, favoreciendo la libre competencia y la selección de materiales en función de criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad.

Adocem señaló que continuará promoviendo el diálogo con las autoridades para analizar los posibles impactos de la medida y explorar mecanismos que contribuyan al crecimiento del sector de manera equilibrada, preservando la competitividad entre los distintos materiales utilizados en el desarrollo de infraestructura nacional.