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Economista presenta libro que propone una nueva visión sobre la deuda pública dominicana
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas puso en circulación su más reciente obra titulada El latido de la deuda pública: ¿Por qué el flujo importa más que el saldo?, un libro que plantea una nueva perspectiva para analizar la sostenibilidad de la deuda pública en la República Dominicana.
La publicación invita a replantear el enfoque tradicional sobre el endeudamiento estatal, argumentando que el verdadero desafío no radica únicamente en el monto total de la deuda, sino en la carga que representa el pago anual de capital e intereses sobre las finanzas públicas.
Durante la presentación de la obra, el autor sostuvo que el debate sobre la deuda suele centrarse en indicadores como la relación deuda-PIB o el saldo acumulado de los compromisos financieros, dejando de lado un aspecto que considera fundamental: el flujo de pagos que el Estado debe realizar cada año.
“La verdadera pregunta no es cuánto debe un país, sino cuánto puede pagar anualmente sin comprometer su capacidad de invertir, desarrollar infraestructura, fortalecer el capital humano y atender las necesidades de la población”, afirmó.
Nuevas herramientas para medir la presión de la deuda
Entre los principales aportes del libro destaca la creación del Indicador de Presión del Flujo de la Deuda (IPFD), una metodología diseñada para medir el impacto que tiene el servicio de la deuda sobre los ingresos públicos y sobre la capacidad real del Gobierno para ejecutar políticas y programas de desarrollo.
Según explica Ng Cortiñas, una deuda puede parecer sostenible cuando se analiza únicamente desde el saldo acumulado, pero convertirse en una carga significativa si los pagos anuales crecen a un ritmo superior al de los ingresos fiscales.
“La sostenibilidad de la deuda no depende únicamente de cuánto se debe. Depende de cuánto presupuesto consume”, señala el autor en su análisis.
La obra también introduce la denominada Brecha de Estrangulamiento Fiscal, un indicador complementario que busca medir el nivel en que el servicio de la deuda supera lo que sería compatible con una gestión fiscal sostenible.
El reto de preservar la autonomía presupuestaria
Para el economista, el problema de la deuda pública trasciende el ámbito financiero y se convierte en un desafío de gobernabilidad económica cuando una parte cada vez mayor del presupuesto debe destinarse al pago de obligaciones previamente contraídas.
Bajo esa realidad, advierte que disminuye la capacidad del Estado para responder a nuevas demandas sociales, ejecutar obras de infraestructura, fortalecer servicios esenciales y mantener márgenes de maniobra en la formulación de políticas públicas.
“La deuda pública comienza a ser peligrosa cuando el servicio de la deuda empieza a gobernar a quienes gobiernan”, expresó durante la puesta en circulación de la obra.
Proyecciones para los próximos años
El libro concluye que entre los años 2026 y 2028 la presión generada por el flujo de la deuda podría alcanzar niveles históricamente elevados.
Las estimaciones presentadas por el autor indican que el servicio anual de la deuda dominicana podría situarse entre los 8,000 y 9,000 millones de dólares, absorbiendo una proporción cada vez mayor de los recursos públicos disponibles.
A juicio de Ng Cortiñas, los instrumentos desarrollados en la publicación permiten observar una dimensión que frecuentemente pasa desapercibida en el debate económico nacional: la diferencia entre la capacidad formal de endeudamiento y la capacidad real del Estado para mantener autonomía en la toma de decisiones presupuestarias.
Con esta obra, el economista busca enriquecer la discusión sobre la sostenibilidad fiscal y aportar nuevas herramientas para comprender los desafíos que enfrenta la gestión de la deuda pública en los próximos años.
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Experto alerta sobre uso de inteligencia artificial para fraudes y suplantación de identidad en República Dominicana
La llegada del pasaporte electrónico y la futura cédula digital representa un importante avance tecnológico para el país. Sin embargo, especialistas advierten que estas innovaciones también enfrentan nuevos desafíos derivados del uso cada vez más sofisticado de la inteligencia artificial por parte de redes criminales dedicadas al fraude y la suplantación de identidad.
El ingeniero Héctor Antonio Santillán, director de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), aseguró que la modernización de los documentos de identidad debe ir acompañada de una mayor educación digital y de controles más rigurosos por parte de las empresas e instituciones que manejan información sensible de los ciudadanos.
Según explicó, una de las principales vulnerabilidades sigue siendo la costumbre de muchas personas de compartir fotografías de su cédula o pasaporte a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, exponiendo datos que pueden ser utilizados por delincuentes para cometer fraudes.
La inteligencia artificial amplía los riesgos
Santillán advirtió que las herramientas de inteligencia artificial están siendo aprovechadas por ciberdelincuentes para perfeccionar esquemas de fraude digital, especialmente mediante técnicas de phishing y suplantación de identidad.
Explicó que, con información básica obtenida de documentos personales expuestos en internet o compartidos sin protección, los delincuentes pueden generar perfiles falsos, solicitar servicios, abrir cuentas o incluso gestionar créditos utilizando la identidad de terceros.
“El problema no está únicamente en el documento físico, sino en la información que contiene y en cómo esa información puede ser utilizada por sistemas automatizados para cometer delitos”, señaló.
Educación digital como primera línea de defensa
El especialista indicó que el país enfrenta actualmente una doble brecha: por un lado, las limitaciones en materia de alfabetización tecnológica y, por otro, el acelerado crecimiento de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.
Ante este panorama, considera que la mejor defensa sigue siendo la prevención y la educación.
Por esta razón, Santillán participa como enlace académico en un programa de formación que busca capacitar a estudiantes, docentes y líderes comunitarios para que actúen como multiplicadores de conocimientos sobre ciudadanía digital y uso responsable de las nuevas tecnologías.
Proyecto para fortalecer la ciudadanía digital
La iniciativa forma parte del proyecto “Formación en Ciudadanía Digital e Inteligencia Artificial para el Futuro Digital de la República Dominicana (DCAIA)”, desarrollado conjuntamente por la Embajada de los Estados Unidos y la UNPHU.
El programa será ejecutado entre 2026 y 2028 y tiene como objetivo fortalecer las capacidades digitales de distintos sectores de la población, especialmente en comunidades vulnerables.
El lanzamiento oficial contó con la participación de representantes de la Embajada de los Estados Unidos, entre ellos Chelsia Hetrick, consejera de Asuntos Públicos.
La propuesta fue una de las ganadoras del concurso internacional Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2025, iniciativa impulsada por el Departamento de Estado estadounidense para respaldar proyectos innovadores desarrollados por exbecarios de sus programas académicos.
¿Cómo protegerse de un posible fraude?
El experto recomienda evitar compartir documentos de identidad por canales informales y verificar siempre que los procesos que requieran información personal cuenten con mecanismos de validación biométrica y protocolos de seguridad adecuados.
Asimismo, aconseja fortalecer los conocimientos sobre inteligencia artificial, seguridad digital y protección de datos personales para reducir el riesgo de convertirse en víctima de fraudes.
Qué hacer si la identidad ya fue comprometida
Si una persona sospecha que ha sido víctima de robo o suplantación de identidad, Santillán recomienda actuar de inmediato.
El primer paso es presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec). Posteriormente, con la constancia de la denuncia, se debe notificar a las autoridades competentes, como el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) o la Superintendencia de Bancos, dependiendo de la naturaleza del fraude.
Para el especialista, la combinación de educación, prevención y una respuesta rápida ante cualquier incidente será clave para enfrentar los desafíos que plantea la nueva era digital y proteger la identidad de los ciudadanos frente a las amenazas tecnológicas emergentes.
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Gobierno inicia construcción del nuevo centro penitenciario de Cotuí para fortalecer la rehabilitación y reinserción social
El presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos de construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Cotuí, una obra que busca modernizar el sistema penitenciario de la provincia Sánchez Ramírez y mejorar las condiciones de rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Durante el acto de inicio de los trabajos, las autoridades destacaron que este proyecto forma parte del plan nacional de ampliación y transformación de la infraestructura penitenciaria que impulsa el Gobierno dominicano.
El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito” Bisonó, explicó que con esta obra ya son cinco los centros penitenciarios puestos en marcha dentro del programa de modernización del sistema correccional del país.
Según indicó, los proyectos que actualmente se desarrollan en Azua, El Seibo, Hato Mayor, Santiago Rodríguez y ahora en Cotuí reflejan el compromiso gubernamental con la creación de espacios más seguros, dignos y orientados a la rehabilitación.
Impulso a la reforma penitenciaria
Bisonó señaló que estas iniciativas forman parte de la reforma penitenciaria que lidera el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar las condiciones de internamiento y promover una verdadera reinserción social de los internos.
Por su parte, Roberto Santana afirmó que el inicio de la construcción del CCR Cotuí representa un paso importante dentro de una política pública que busca transformar de manera integral el sistema penitenciario nacional.
Destacó que el proyecto se concreta luego de más de 15 años de espera y que actualmente cuenta con todos los elementos necesarios para su ejecución, incluyendo los terrenos, los planos, la empresa responsable de la obra y los recursos económicos requeridos.
Beneficio para los internos y sus familias
Uno de los aspectos más relevantes anunciados durante la actividad es que los privados de libertad oriundos de Sánchez Ramírez que actualmente cumplen condenas en otros centros del país podrán ser trasladados a Cotuí una vez concluya la construcción del nuevo recinto.
Las autoridades consideran que esta medida facilitará el contacto con sus familiares, fortalecerá los vínculos afectivos y contribuirá de manera positiva a los procesos de rehabilitación y reinserción social.
“Acercar a los internos a sus comunidades y familias es una herramienta importante para lograr una reintegración más efectiva a la sociedad”, señalaron.
Un sistema penitenciario más moderno
El nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación de Cotuí forma parte de los esfuerzos del Gobierno para continuar modernizando la infraestructura penitenciaria nacional, con instalaciones diseñadas para ofrecer mejores condiciones de seguridad, formación, educación y desarrollo humano.
Con el inicio de esta obra, las autoridades buscan avanzar hacia un modelo penitenciario más eficiente, humano y orientado a la recuperación de las personas privadas de libertad, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la justicia en el país.
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