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Jean Alain Rodríguez y otros nueve imputados piden extinguir el caso Medusa
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros nueve imputados en el caso Medusa solicitaron la extinción de la acción penal, bajo el argumento de que el proceso habría superado el plazo máximo de cuatro años establecido por la legislación.
La solicitud fue presentada ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que esa jurisdicción rechazara previamente un pedimento similar formulado por Rodríguez y otros dos imputados.
Las defensas sostienen que el proceso acumula seis años y que las principales dilaciones registradas durante su desarrollo no son atribuibles a los acusados.
Las defensas fundamentan su petición en el artículo 148 de la Ley 76-02, que establece un plazo máximo de cuatro años, y citan decisiones del Tribunal Constitucional para argumentar que el concepto de plazo razonable debe corresponder con ese límite establecido legalmente.
La investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y, según las defensas, durante el proceso se produjeron retrasos que atribuyen al Ministerio Público, entre ellos la entrega de un disco duro defectuoso que contenía miles de pruebas, la lectura de una acusación de más de 12,000 páginas y la entrega tardía de documentos requeridos por los tribunales.
Las defensas calculan que esas situaciones habrían generado alrededor de cuatro años de dilaciones y advierten que, debido al volumen del expediente, mantener el proceso abierto podría extenderlo hasta seis años adicionales, considerando las etapas de juicio de fondo, apelación y casación.
Las demás defensas continuarán exponiendo sus argumentos sobre la solicitud de extinción de la acción penal el próximo lunes 31 de agosto.
El caso Medusa involucra a Rodríguez y a otros imputados por presuntas irregularidades cometidas durante el período 2016-2020 en la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público acusa a los encartados de diversos delitos de corrupción y de un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones, imputaciones que forman parte de la acusación y que deberán ser determinadas o descartadas por los tribunales mediante el proceso judicial correspondiente.
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Juristas cuestionan la “mano dura” como respuesta principal a la delincuencia
Especialistas reunidos en un congreso constitucional propusieron fortalecer la prevención, la investigación y la inteligencia institucional.
Santo Domingo.– Juristas nacionales e internacionales advirtieron que aumentar las penas, ampliar el uso de la prisión preventiva y aplicar políticas de “mano dura” no garantiza una reducción sostenida de la delincuencia. El planteamiento fue presentado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional.
Los especialistas sostuvieron que la prevención, la inteligencia criminal y la capacidad para investigar expedientes complejos deben ocupar un lugar central en la política de seguridad. También alertaron que las respuestas basadas principalmente en el encarcelamiento pueden debilitar garantías fundamentales sin resolver las causas del delito.
El jurista dominicano Francisco Álvarez vinculó el uso excesivo de la prisión preventiva con las limitaciones de las instituciones para localizar a imputados y dar continuidad a los procesos. A su juicio, cada componente del sistema termina recurriendo a medidas extremas cuando falta coordinación y capacidad operativa.
El argentino Alberto Binder llamó a planificar una persecución penal estratégica frente a organizaciones criminales que también emplean inteligencia y recursos. El catedrático español Manuel Cancio Meliá añadió que elevar una condena, por sí solo, no transforma las condiciones que permiten el crecimiento del crimen organizado.
Los participantes coincidieron en que la reforma penal debe acompañarse de investigaciones sólidas, mejor coordinación entre Policía, Ministerio Público y tribunales, y políticas sociales de prevención. El debate también incluyó críticas al abuso de la prisión preventiva y a la presentación de soluciones inmediatas para problemas de seguridad de naturaleza compleja.
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Se entrega joven señalado por ataque en residencia de Julián Oro Duro
Kevin Dariel Germán Troncoso acudió de madrugada a un destacamento de Los Mina; la Policía y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación.
Santo Domingo.– Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años y conocido como “Kevin” o “Yandel”, se entregó la madrugada de este miércoles a las autoridades luego de ser identificado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro.
El joven acudió al destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y de un comunicador. Su entrega se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada, pocas horas después de que la institución informara que existía una orden de arresto en su contra y le pidiera presentarse.
La investigación está relacionada con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista, y con las heridas sufridas por Julián Oro Duro. La versión preliminar de las autoridades indica que dos personas estuvieron en la vivienda, ubicada en Brisa Oriental VI, entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.
El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que la Dirección Central de Investigación había colocado al entregado entre las personas buscadas por el caso. Durante su presentación, el joven pidió que los hechos fueran aclarados, mientras un representante de la institución señaló que los detalles formales serían ofrecidos por la Policía.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a todos los participantes y establecer responsabilidades individuales. La entrega y los señalamientos de los investigadores no constituyen una condena, por lo que la culpabilidad deberá ser determinada por los tribunales.
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Francisco Javier García pide evitar interferencias externas en consulta presidencial del PLD
La organización realizará el 18 de octubre una medición interna con padrón de la Junta Central Electoral y votación física.
Santo Domingo.- Francisco Javier García pidió a las demás organizaciones políticas abstenerse de intervenir en la consulta con la que el PLD medirá sus aspiraciones presidenciales.
El proceso está convocado para el 18 de octubre y utilizará boletas físicas, de acuerdo con las informaciones difundidas por la organización opositora.
El dirigente aseguró que el padrón será cotejado con el registro de la Junta Central Electoral para excluir a personas formalmente inscritas en otros partidos.
La advertencia forma parte del debate interno sobre las reglas, la transparencia y el valor político que tendrá el resultado de la consulta.
El PLD deberá aclarar si el ejercicio será vinculante, cómo se financiará, qué observadores participarán y cuáles mecanismos estarán disponibles para presentar reclamaciones.
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